La investigación judicial por el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tiene un único sospechoso: Fernando Andrés Sabag Montiel, quien fue filmado cuando gatillaba un arma a centímetros de la ex jefa de Estado. Sin embargo, el hecho que conmociona al país presenta todavía un sinnúmero de interrogantes. Y la jueza federal María Eugenia Capuchetti será la encargada de dilucidarlos.

Aunque se trató de un intento de asesinato, las actuaciones fueron iniciadas en Comodoro Py porque se vio involucrada la seguridad de la vicepresidenta.

El expediente fue asignado a Capuchetti, ya que está de turno en la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Ni bien tomó intervención en la causa, y durante la madrugada, la magistrada dispuso una serie de pericias, así como la recolección de testimonios y otros indicios, a la espera de indagar a Sabag Montiel para imputarle el atentado.

Quién es la jueza que actúa en la causa

La jueza está a cargo de la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, que se inició por la aplicación discrecional de vacunas contra el coronavirus dentro de la órbita del Ministerio de Salud, del Hospital Posadas y el desvío de dosis a la ciudad de El Calafate. El escándalo, desatado en 2021, le costó el cargo al entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

El año pasado, Capuchetti consideró que de la lista de 70 nombres difundida por el Gobierno, en 65 casos las personas eran “personal estratégico” o tenían más de 60 años. Por este motivo, los desvinculó de la investigación ya que consideró que no habían cometido un delito. Solo en cinco casos, los vacunados tenían menos de esa edad, y los convocó a declarar como testigos. Según consignó Infobae, se trata de Juliana y María Eva Duhalde (de 48 y 45 años), el periodista Gabriel Michi (de 52), Néstor Mandraccio (59) e Irene López (43).

Uno de los fallos de Capuchetti que tomó trascendencia pública fue cuando firmó el sobreseimiento de Cristóbal López y de Fabián De Sousa en la causa por la supuesta venta del Grupo Indalo. Allí dijo que no existieron maniobras para vender las acciones a pesar de los impedimentos judiciales.

La jueza también estuvo a cargo de la causa por maniobras de espionaje ocurridas durante el gobierno de Mauricio Macri, que primero se tramitó en los tribunales federales de Lomas de Zamora.

Además, junto al fiscal Franco Picardi tiene a su cargo la denuncia que había hecho en 2019 Claudio Lozano contra la administración de Macri por el préstamo del FMI.

Hija del histórico jefe de Seguridad de la AFA, Capuchetti trabajó durante dos décadas en los tribunales federales de Comodoro Py antes de pasar al Ministerio Público porteño. Aprobada en el Senado con el voto de Cambiemos y el peronismo alternativo, Capuchetti logró ser seleccionada en la terna que obtuvo los puntajes más altos del concurso.

Capuchetti también tiene a su cargo la causa denominada “mesa judicial”, que investiga si Mauricio Macri y exfuncionarios de su gobierno presionaron a jueces para lograr fallos en su favor o “castigar” a aquellos que no hubieran sacado resoluciones afines a esos intereses oficiales.

Quién es el agresor de Cristina Kirchner

Sabag Montiel, apodado “Tedi”, reside en el barrio porteño de Villa Urquiza, cuenta con un antecedente policial y fue detenido e identificado rápidamente tras el ataque contra la vicepresidenta. Según confirmó el propio Alberto Fernández en su discurso, al momento de atacar a la vicepresidenta, la pistola estaba cargada con cinco balas.

En horas de la madrugada, efectivos policiales realizaron un allanamiento sobre la calle Terrada al 2.300, en el barrio porteño de Villa del Parque. La dirección fue indicada por el agresor luego de ser detenido. Pero se constató que, si bien la propiedad se encuentra a nombre de Sabag Montiel, él no vive en el lugar. Aún así, se concretó el operativo por parte de las fuerzas de seguridad, quienes buscaron algún elemento que sea de interés para la causa.

Al acudir al lugar indicado, los investigadores comprobaron que en la planta baja de la propiedad se encuentra una peluquería, mientras que en el primer piso reside una familia. De hecho, al trascender el caso, dejaron un cartel indicando que allí no vivía Fernando, pero eso no impidió que los policías efectuaran el registro.

Luego de indagar a los inquilinos de la propiedad a nombre del atacante, efectivos policiales se retiraron del lugar. De acuerdo a lo indicado por uno de los peluqueros, los policías no secuestraron ningún elemento pero sí recabaron testimonios escritos y audios con las declaraciones de quienes habitaban el lugar.